«Hoy pretendemos que quede acreditado judicialmente ese comportamiento ilícito de la industria láctea para iniciar las reclamaciones del daño económico infligido a los ganaderos», ha señalado a las puertas de la Audiencia Roberto García, secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia ante el juicio por el Cártel Lácteo

La organización cree que el empobrecimiento causado a los ganaderos por estas prácticas sería de más de 2.600 millones de euros, además del «drama» por el que el sector ha perdido más de 50.000 ganaderos desde el año 2000.

UPA ha explicado en la vista que las industrias pagaban a los ganaderos un precio entre un 10 y un 15% más bajo del que correspondía por la situación de mercado, más los intereses de demora de más de veinte años de impago, que podrían acercarse a más de 600 millones de euros. En total, calculan que las reclamaciones de los ganaderos afectados superarían los 1.200 millones.

«ESTAS SANCIONES DEBEN EJECUTARSE DE INMEDIATO PUES MIENTRAS ESTO NO OCURRA, ESTAS EMPRESAS SEGUIRÁN INCURRIENDO EN ESTAS PRÁCTICAS»

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó en el año 2015 a las industrias lácteas españolas con casi 90 millones de euros por prácticas contra la competencia. Si se constata en la Audiencia Nacional que hubo fijación de precios, UPA, junto al bufete de abogados Eskariam, iniciará el proceso para que los más de 7.000 ganaderos afectados inicien el proceso de reclamación de las cantidades impagadas.

«Estas sanciones deben ejecutarse de inmediato», ha declarado Roberto García, «pues mientras esto no ocurra, estas empresas seguirán incurriendo en estas prácticas». Este mes de mayo, los ganaderos han constatado una nueva estrategia coordinada de bajada de precios sin que haya razones de mercado, «por lo que siguen incurriendo en su comportamiento habitual», aseguran desde UPA.

En este sentido, «de estos datos puede derivarse la posible existencia de comportamientos presuntamente estratégicos, voluntarios y continuados que ponen en entredicho (la formal) autonomía de las denunciadas, unos comportamientos que las otras distribuidoras del sector habrían ido replicando, en especial, en lo que se refiere a la leche de marca blanca semidesnatada y desnatada», aseguran.

Unión de Uniones y Unió de Pagesos exponen que estas presuntas prácticas concertadas o conscientemente paralelas consistentes en fijar precios y el abuso de la posición de dominio colectivo que presuntamente habrían ejercido Mercadona, Lidl y Bonpreu —»a semejanza de un cartel encubierto»— vulnerarían varios preceptos de la Ley 5/2007 de Defensa de la Competencia «y, lo harían, sobre todo, a expensas del eslabón más débil, los productores de leche, debilitando su poder de negociación a la hora de establecer el precio para su producto y provocando el cierre de muchas granjas, cuando en condiciones normales de mercado serían rentables».

En este sentido, Unión de Uniones insiste, además, en que la distribución debería hacerse responsable del producto que vende, asegurando también la trazabilidad y el etiquetado.

Asimismo, la organización ha señalado que justamente la Unión Europea está legislando para evitar escenarios como este, donde el valor de la cadena alimentaria no se repercute equilibradamente entre los distintos operadores hasta tal punto que ha dejado en estado crítico al sector productor.

Las consecuencias del modus operandi de la gran distribución española, a juicio de Unión de Uniones, han sido «una reducción de su entorno competitivo y la adquisición de mayor fuerza para negociar con la industria lechera, la cual, a su vez, ha trasladado la presión al ganadero imponiéndole precios muy bajos, incluso, en algunos casos por debajo de los costes de producción, una práctica que vulnera la Ley de la Cadena Alimentaria y que ha sido puesta en evidencia en la denuncia».

Además, el hecho de que el sector productor no disponga de beneficio, le supone la imposibilidad de invertir en mejoras en la explotación para aumentar su eficiencia técnica y económica. El consumidor, a su vez, recibe sus consecuencias en la medida en que la oferta puede sufrir una reducción drástica de la variedad.

«Resulta muy llamativo el hecho de que la AICA, el organismo que ha creado el Ministerio de Agricultura para velar por el cumplimiento de los contratos, no haya iniciado de oficio un proceso de investigación para sancionar a las industrias incumplidoras, porque la normativa reguladora del Paquete Lácteo es muy clara: las industrias habrán de presentar oferta escrita con dos meses de antelación a la finalización del contrato y en caso de que no deseen renovar también habrán de preavisar con dos meses de antelación», explicó Antonio Sufuentes.

El incumplimiento de estos plazos de forma generalizada por las distintas empresas está ocasionando «una grave indefensión» en los ganaderos, al no poder iniciar el proceso de negociación de la renovación del contrato ni poder buscar una alternativa a la industria a la que entregan actualmente la producción

Desde Agromuralla reclaman a las empresas que recogen leche en Galicia el mantenimiento para todo el año 2023 de los precios actuales, situando el precio de referencia en 60 céntimos. «Aún habiendo gozado de un repunte significativo en el cuarto trimestre de 2022, no ha sido lo suficiente como para frenar el cierre de granjas, pues solo en el mes de enero han desaparecido en Galicia 90 explotaciones. Y sin ganaderos no habrá vacas, con lo cual no habrá leche», ha advertido Antonio Sufuentes.

Los productores consideran que en este momento «no existe justificación para bajar el precio de la leche en origen» porque «los costes de producción siguen al alza y en el mercado continúa habiendo escasez de leche», asegura la asociación de ganaderas y ganaderos de las provincias de Lugo y A Coruña.

PRESENTACIÓN DE LAS PRIMERAS DEMANDAS CONTRA EL CÁRTEL DE LA LECHE

Agromuralla fue en su momento la primera asociación de ganaderos que firmó un acuerdo de colaboración con Eskariam, un bufete jurídico especializado en este tipo de reclamaciones, a fin de defender los intereses de los ganaderos en las demandas contra el Cártel Lácteo. «Hoy contamos con un equipo legal que está a la altura de los equipos legales que defienden a las industrias lácteas, por lo que por primera vez los ganaderos podemos acudir al Juzgado con garantías y litigar en igualdad de condiciones que las industrias y ya tenemos algunas sentencias que inclinan la balanza a nuestro favor», asegura José Manuel Díaz, titular de una granja láctea en Láncara.

Eskariam presentó a finales de 2022 las primeras demandas de socios de Agromuralla dentro de un grupo de siete demandas testigo registradas en diversos juzgados de España. «Estas demandas, trabajadas durante muchos meses, quieren reflejar todas las particularidades que se pueden dar dentro del denominado Cártel de la Leche y facilitar la toma de decisiones por parte de los diferentes juzgados. Dentro de nuestra estrategia responsable, estas demandas testigo nos permiten avanzar en el proceso y no colapsar los juzgados, como pasaría presentando miles de demandas al mismo tiempo», aseguró en la rueda de prensa celebrada este miércoles en Lugo David Fernández, CEO de Eskariam. 

Las demandas presentadas incluyen a 5 ganaderos de la provincia de Lugo socios de Agromuralla y han sido presentados en los juzgados de Granada y Barcelona, donde se encuentra el domicilio fiscal de las empresas demandadas, Lactalis y Danone, dos de las principales industrias que formaban parte del Cártel Lácteo. El montante total de estas dos reclamaciones es de 3,5 millones de euros en indemnizaciones. 

PENDIENTES DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

En 2015, la CNMC impuso sanciones a varias industrias del denominado Cártel Lácteo por valor de 88,2 millones de euros. En julio de 2019, la CNMC publicó la resolución definitiva del expediente sancionador contra las industrias lácteas, pero a día de hoy los recursos presentados por las industrias siguen pendientes de resolución por parte de la Audiencia Nacional. «Miles de ganaderos en toda España sufren este retraso», denuncia Eskariam.

«Confiamos que la Audiencia Nacional resuelva los recursos este año 2023 y que esa resolución sea favorable a los ganaderos. Este es un camino largo pero los pasos se están dando de forma racional y próximamente habrá sentencias», ha afirmado Juan Álvarez, director de Operaciones del bufete madrileño.

«En este tipo de reclamaciones colectivas es de vital importancia que se sumen un número significativo de afectados. A día de hoy, más de 12.000 ganaderos en toda España han decidido presentar una reclamación a las industrias que formaban el Cártel Lácteo. De esos 12.000 reclamantes, más de 7.000 son ganaderos representados por Eskariam», explica 

ANIMAN A RECLAMAR A GANADEROS YA JUBILADOS

Aún así, se estima que más de 30.000 ganaderos tienen derecho a reclamar. El plazo para poder hacerlo continúa abierto, en virtud a una sentencia del 22 de junio de 2022 del Tribunal de Justicia de la UE que amplía el plazo de prescripción, de manera que todos aquellos ganaderos afectados que no hubieran reclamado están todavía a tiempo de hacerlo. «Nos dirigimos a todos aquellos ganaderos que a día de hoy no han dado el paso de sumarse a esta demanda colectiva para que lo hagan. No existe riesgo alguno de que las industrias les dejen de recoger la leche», ha asegurado Juan Álvarez. 

«Los ganaderos no tenemos que adelantar cantidad de dinero alguna, solo pagamos si ganamos y cuando cobremos la indemnización, nunca antes, lo que supone litigar sin riesgo alguno para nosotros. Por ello animamos a todos los ganaderos en activo, a los ya jubilados e incluso a los herederos de ganaderos fallecidos a reclamar», insistió José Manuel Díaz.