Al salir la empresa Alpina de las plantas de Popayán y Caloto, algunos directivos gremiales han achacado la difícil situación que viven pequeños y medianos productores de leche del departamento del Cauca a los continuos y prolongados bloqueos de la carretera Panamericana y a la cuarentena por el COVID-19.
Sin minimizar daños que las comunidades indígenas, campesinas y diversas organizaciones populares que utilizan los bloqueos como mecanismo de presión para que los gobiernos atiendan sus peticiones afectando a todo el sector productivo y la población; después de entrevistar a propietarios de pequeños y medianos hatos y al gerente del Comité de Ganaderos del Cauca, entendemos que el problema es multicausal y en él, también confluyen factores relacionados con la política macroeconómica de apertura a las importaciones, adoptada por sucesivos gobiernos y el desestimulo a la agricultura, ganadería y sector lácteo nacional.
Desde la apertura económica iniciada en la presidencia de Cesar Gaviria y Tratados de Libre Comercio (TLCs), negociados durante los gobiernos de Uribe y Santos con los Estados Unidos y la Unión Europea, el agro colombiano y la producción nacional sufrieron un duro golpe al privilegiar la sustitución e importación de productos agropecuarios básicos para la seguridad alimentaria, tales como el maíz, sorgo, soya y trigo, esenciales en la alimentación humana y para fabricar concentrados, siendo uno de los más afectados el sector ganadero, lácteo y sus derivados ante los altos costos de alimentos e insumos importados y la avalancha de importaciones de carne y leche en polvo subsidiados en USA y Europa.
Entre tanto, en Colombia los ganaderos, lecheros y campesinos sobrevivientes, se quedaban sin crédito, oportuna asistencia técnica de entidades nacionales como el ICA, las secretarías de agricultura departamentales y municipales, y además, afectados por el bajo precio de compra del litro, en el Cauca y todo el país, sumado al aumento del precio del dólar que arrastró el de abonos para los pastizales, alimentos concentrados y drogas para los animales.
En este crudo panorama los productores se vieron obligados a enfrentar el dilema de continuar a pérdida, o cesar la producción y buscar otras alternativas.
“En 2014 Alpina me compraba el litro a $850, pero en 2021, siete años después costaba $894 el litro; imagínese, en siete años apenas subió $54. Cuando arranqué con el proyecto el bulto de concentrado estaba a $32.000, ahora cuesta $65.000, ha subido 105% y la leche apenas subió el 1%”, indicó Mario Alberto Dávila, productor de leche de la vereda Santa Rosa, al suroccidente de Popayán.
En ese sentido, Mario Alberto resume así la situación: “Resistí hasta 2021, pues el precio del litro comprado por Alpina prácticamente no subió, mientras los concentrados para ordeño lo hicieron en 120%; los fertilizantes para abono en un 350%; la droga en 200%; de repeso se vino la mastitis y el ICA no tenía ni veterinarios ni gente preparada, entonces nos planteó como alternativa sacrificar vacas de 6 millones, para que un carnicero las compre en $600.000.”
Con buenas intenciones las políticas de la Gobernación tampoco lograron lo esperado, según opina Hernán Garcés, gerente del Comité de Ganaderos del Cauca, al recordar la inversión de $44.000 millones provenientes de regalías, hecha por la administración departamental en una convocatoria que hace 9 años ganó la Fundación Alpina para impulsar el conglomerado lácteo en varios municipios.
“Aunque cumplieron con el compromiso de promover la producción láctea, los resultados no fueron los esperados, pues llegamos a una situación en que producimos y vendemos menos leche al sector formal que antes de empezar el proyecto. Con esos dineros habíamos podido tener una planta pasteurizadora, por lo menos como la de la antigua Lácteos Puracé, para atender el mercado local. La Fundación Alpina adquirió una responsabilidad social con los productores caucanos, que no asumió, al dejar al departamento después de recibir los recursos”, manifestó Garcés.
Otro factor que conspira contra el campesinado, ganaderos y lecheros del municipio de Popayán y del centro del Cauca, es la acelerada expansión de urbanizaciones piratas, invasiones, parcelaciones y condominios desatada después de la pandemia y la cuarentena, cuando con la complicidad y la inoperancia de funcionarios de Planeación municipal, la CRC y otras instituciones, le roban terrenos a la producción agropecuaria, destruyen reservas forestales, humedales, quebradas y ríos que además contaminan con desechos no tratados y ponen en peligro la cobertura del servicio de acueducto al crecer aceleradamente las conexiones.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que según el ingeniero Luis Orlando Muñoz, debe ser actualizado cada nueve años, en Popayán sigue vigente desde el 2002, a pesar de intentos emprendidos durante las administraciones de Francisco Fuentes, Cesar Cristian Gómez y Juan Carlos López, manifestándose problemas generados en este atraso, en la demora para iniciar la construcción de la avenida “Los Próceres”, por exigencias de tipo ambiental, confusas por la enredada delimitación de las áreas urbana y rural que más parece una colcha de retazos tejida por el tráfico de influencias.
21 años con el POT sin modificar, también se ha prestado para que el volteo de tierras de rurales a urbanas, se convierta en un multimillonario negocio que poco beneficia a los campesinos, ganaderos y a las arcas municipales, favoreciendo a los urbanizadores piratas y a pocos funcionarios de la alcaldía, la CRC y las curadurías, quienes desde hace años se hacen los de la vista gorda autorizando licencias por áreas y haciendo negocios en los que por debajo de la mesa se mueven muchos millones.
Sumado a lo anterior, el creciente abigeato también es una plaga que afecta sobre todo a pequeños productores.
“Hace pocos días a una familia les pelaron las cuatro vaquitas que tenían, los dejaron sin su principal sustento. El señor agradecía que cuando llegaron los ladrones el niño que solía pasar al potrero a revisar los animales, no estaba allá. Hay mucha inseguridad y solicitamos a las autoridades que actúen”, resaltó Hernán Garcés.
Salidas a la crisis
Toda crisis también es una oportunidad, así lo han entendido algunos productores que por iniciativa e ingresos propios fortalecen empresas como Lácteos Colombia, que además de kumis, yogures y quesos, inició la venta de leche en bolsa en las tiendas de barrio de Popayán, al igual que La Rochela y la fábrica de quesos Santa Lucía, los cuales han reforzado el procesamiento de derivados lácteos generando empleos.
Pese a que Alpina dejó de comprarles, ALIVAL S.A, procesadora de Leches San Fernando adquiere gran parte de la producción que es mercadeada en Cali y el Valle del Cauca, al igual que MR Quick, en menor volumen.
Pero la apuesta es favorecer el desarrollo de la industria láctea caucana, comprándoles a las empresas locales con productos de gran calidad, generando empleo y permitiendo que esa plática se quede aquí.
Según considera Hernán Garcés, gerente del Comité de Ganaderos del Cauca, cifran esperanzas, en que este gobierno que se ha propuesto rescatar la agricultura y producción agropecuaria y ganadera en el campo colombiano, al que pretende industrializar, también ponga sus ojos en el Cauca, donde hasta algunas comunidades indígenas tienen pequeños hatos lecheros y microempresas para procesar y mercadear lácteos.
Para la estabilidad de las actividades productivas y seguridad de todos, además de que llegue a buen término el proceso de paz desarrollado con los diferentes grupos armados que asolan el departamento, también es urgente un pacto entre las comunidades indígenas, campesinas, afros y empresarios, para cesar las luchas violentas por la propiedad de la tierra.
