El gobierno de Colombia había esperado tanto tiempo para que se aprobara el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos que, cuando finalmente se aprobó, a los funcionarios colombianos los tomó desprevenidos. El acuerdo estuvo estancado en Washington durante más de cinco años debido a la presión de algunos grupos de izquierda, que pedían ver avances en el historial de derechos humanos de Colombia antes de recompensar al país con el acuerdo comercial. Se esperaba que el TLC aumentara la tasa de crecimiento económico del país a largo plazo en más de medio punto porcentual.
Mientras el pacto languidecía, Colombia contrató lobistas de Washington para recabar apoyo e invitó a decenas de congresistas a recorrer el país. En abril de 2011, Juan Manuel Santos, en ese entonces presidente de Colombia, llegó a un acuerdo con Barack Obama sobre una lista de nueve políticas que el país podría implementar para proteger los derechos laborales a cambio de la aprobación del TLC. El 12 de octubre, el Congreso estadounidense ratificó el acuerdo, así como acuerdos similares con Panamá y Corea del Sur. El 15 de mayo de 2012 arrancó su implementación. Estamos hablando de que ya se cumplen diez años.
En su momento, Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura de Colombia, dijo que el país “no estaba preparado” para los efectos del TLC. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer”, dijo, y advirtió que los pequeños productores de arroz y maíz, los productores de leche y los productores avícolas deberían adaptarse rápidamente, para que cuando “los golpee la lluvia fría del TLC, no se convierta en neumonía”.
Álvaro Uribe, quien negoció el acuerdo con George W. Bush, había establecido un programa de subsidios para ayudar a los agricultores a competir con las importaciones agrícolas baratas de los Estados Unidos, una vez que el acuerdo entrara en vigor. Pero pronto se convirtió en el centro de un escándalo de corrupción porque los pagos destinados a los pequeños agricultores fueron a parar a las grandes familias terratenientes.
El país tampoco usó los cinco años de debate, regateo y disputas políticas para actualizar su deficiente infraestructura de transporte. Un mejor acceso a puertos y carreteras adecuadas eran esenciales para mover los $50.000 millones anuales en exportaciones que Colombia enviaría a Estados Unidos. Y lo cierto es que un país no se acuesta un día sin carreteras para levantarse al otro día con todas construidas. El esfuerzo de darle mejores vías al país —a lo que han aportado los gobiernos Uribe, Santos y Duque— ojalá nos ponga más temprano que tarde en mejores condiciones para competir.
Por ahora, el TLC nos sigue pasando factura; sacar los productos de las fincas en Colombia sigue tan caro como hace quince años por el mal estado de las vías terciarias. Y los costos elevados de producción han hecho que muchos campesinos y ganaderos dejen las labores del campo, en lugar de abastecer las mesas de 330 millones de habitantes que se les abrieron a cero arancel.
Desde 2012, Colombia ha pasado de un superávit comercial a un déficit comercial, y su dependencia de las exportaciones de materias primas —petróleo, carbón, café, banano— ha aumentado. Pero los acuerdos comerciales no se hacen para exportar bienes básicos. Los acuerdos se negocian para permitir la entrada de otros bienes como los del agro y los manufactureros, y esto se logró con este TLC.
En estos años, la exportación de productos no mineros ha sido muy importante, ha permitido diversificar la oferta exportable, y que haya más empresas colombianas exportando a Estados Unidos, muchas de ellas pymes.
Sin embargo, hay preocupación por la soberanía alimentaria. El caso del maíz es el ejemplo por excelencia. En 2012, el maíz estadounidense representaba el 5 % de la participación de mercado en Colombia, pero para 2021 se convirtió en más del 97 %. La infraestructura, la tecnología, la maquinaria, las semillas genéticamente modificadas y los subsidios estatales de Estados Unidos dieron a su maíz una ventaja competitiva.
Por todo lo anterior, muchos sectores colombianos han pedido renegociar el tratado. Se insiste en que es injusto. Gustavo Petro, específicamente, ha prometido imponer aranceles, lo que sería una violación del tratado. Pero no va a ocurrir. Nadie ha logrado renegociar sin algún apoyo de Estados Unidos. Con el tinte cada vez más rojo —republicano— del Congreso estadounidense, no hay ambiente para tocar los tratados de libre comercio. Es un tema sin defensores.
Además, no hay quién garantice que abrir un TLC a negociación termine bien, este es un paquete completo que tomó muchos años negociar y que Estados Unidos va a defender con uñas y dientes.
La Inversión de Estados Unidos ha sido una de las ganancias más importantes del TLC en estos años: alcanza los 22.385 millones de dólares. El acuerdo tiene un capítulo sobre este tema que genera la confianza que exigen los inversionistas, y ese ha sido un aspecto clave para que más empresas estadounidenses inviertan y generen empleo en el país.
El TLC con los gringos es valioso. Es cierto que toma tiempo, pero eventualmente paga. Por ejemplo, los aguacates hass, que hace diez años no existían, son cada vez más un producto de exportación estelar, camino por el que van también el limón tahití y el aceite de palma.
La entrada de Colombia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) no hubiera sido posible sin el TLC. Aunque hoy estamos de últimos, es un club donde hay que estar. Igual, con el TLC. Es un campo de juego que nos permite competir con las democracias más avanzadas. Solo así vamos a desarrollarnos como toca.
Fuente: El Colombiano
