El Consejo de Ministros aprobó hace unos días un Real Decreto con cambios en la normativa sobre contratación en el sector lácteo, con el fin de adaptarla a lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria.
Uno de los elementos más destacables es que podrá modificarse el precio de la leche cruda recogido en un contrato en caso de que se produzca un incremento sostenido de los costes de producción durante al menos 3 meses.
Eso será en los contratos a precio fijo con una duración de seis meses o más. El ganadero podrá pedir al comprador una nueva oferta de contrato si durante al menos tres meses el precio ha estado por debajo de los costes de producción debido a la subida de estos últimos. El comprador está obligado a presentar esa nueva oferta de contrato en el plazo de un mes.
Carlos Dablanca, miembro de la Junta directiva de Agromuralla y ganadero de vacuno de leche en la provincia de Lugo, aseguró en AGROPOPULAR -21 de mayo- que espera que esta nueva norma sirva de algo. «Desde 2015 hemos estado a vueltas con la cadena alimentaria, pero hasta ahora lo único que se ha hecho ha sido humo».
«A día de hoy la empresa viene, te trae el contrato y lo firmas. No te pregunta qué costes tienes. Si no quieres firmar te dejan de recoger la leche».
Señaló que la norma permite llevarlo a la via judicial, pero «no sé hasta qué punto eso va a ser bueno para nosotros porque es como denunciar a un vecino y luego ir tomar café a su casa». Hay organismos como INLAC o la AICA, que se llevan dinero todos los meses pero «no sabemos para qué sirven».
Contratos con precio variable
Por otro lado, en los contratos con precio variable, a la hora de calcularlo se tendrán en cuenta los costes de producción, en particular los referidos a la alimentación, piensos, energía, combustible y cualquier otro que influya de manera considerable en la evolución del precio.
El texto introduce también algunas modificaciones en la normativa sobre organizaciones de productores en el sector lácteo.
Por último, el Real Decreto determina que deberán conservarse durante 4 años todos los documentos relativos a ofertas, contratos y negociaciones, en lugar de los 2 años fijados hasta ahora.
Fuente: Agro Popular
