La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha comparecido este jueves 22 en una vista en la Audiencia Nacional en el caso del «Cártel Lácteo», que juzga el comportamiento ilícito de las industrias lácteas por fijar precios para perjudicar a los ganaderos y maximizar sus beneficios. UPA, que reclama la devolución del dinero «usurpado» por las industrias lácteas entre los años 2000 y 2013, que podría ascender a más de 1.200 millones de euros, ha asegurado que «lleva años luchando para que se reconozca el derecho del sector primario a percibir precios justos por sus productos, una lucha que avanza a pesar de las trabas que tratan de poner los responsables del desequilibrio en la cadena».
«Hoy pretendemos que quede acreditado judicialmente ese comportamiento ilícito de la industria láctea para iniciar las reclamaciones del daño económico infligido a los ganaderos», ha señalado a las puertas de la Audiencia Roberto García, secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia ante el juicio por el Cártel Lácteo
La organización cree que el empobrecimiento causado a los ganaderos por estas prácticas sería de más de 2.600 millones de euros, además del «drama» por el que el sector ha perdido más de 50.000 ganaderos desde el año 2000.
UPA ha explicado en la vista que las industrias pagaban a los ganaderos un precio entre un 10 y un 15% más bajo del que correspondía por la situación de mercado, más los intereses de demora de más de veinte años de impago, que podrían acercarse a más de 600 millones de euros. En total, calculan que las reclamaciones de los ganaderos afectados superarían los 1.200 millones.
«ESTAS SANCIONES DEBEN EJECUTARSE DE INMEDIATO PUES MIENTRAS ESTO NO OCURRA, ESTAS EMPRESAS SEGUIRÁN INCURRIENDO EN ESTAS PRÁCTICAS»
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó en el año 2015 a las industrias lácteas españolas con casi 90 millones de euros por prácticas contra la competencia. Si se constata en la Audiencia Nacional que hubo fijación de precios, UPA, junto al bufete de abogados Eskariam, iniciará el proceso para que los más de 7.000 ganaderos afectados inicien el proceso de reclamación de las cantidades impagadas.
«Estas sanciones deben ejecutarse de inmediato», ha declarado Roberto García, «pues mientras esto no ocurra, estas empresas seguirán incurriendo en estas prácticas». Este mes de mayo, los ganaderos han constatado una nueva estrategia coordinada de bajada de precios sin que haya razones de mercado, «por lo que siguen incurriendo en su comportamiento habitual», aseguran desde UPA.
