Desde finales del 2022 sonaron las alarmas en Seguridad Alimentaria: no se logró acopiar ni la mitad de leche bronca para sostener el suministro de leche enriquecida a cerca de 5 millones de personas de escasos —muy escasos— recursos; sin embargo, la administración de Leonel Cota Montaño en Segalmex se encasilló en asuntos que le parecieron más relevantes, como el pleito casado que mantiene con los sindicatos de Liconsa y Diconsa, y no pudo siquiera armar una compra de emergencia de leche en polvo o fresca de importación o nacional para mantener en los próximos días la dotación que esperan los más pobres del país.
Los rimbombantes nombramientos no dieron resultados: en lugar de comprar los 750 millones de litros de leche bronca para preparar en soluciones enriquecidas, sólo captaron 350 millones de litros al final del 2022. La semana pasada, trascendió en el mercado de lácteos, Liconsa salió desesperadamente a buscar compras de emergencia —fuera de programas presupuestados— que simplemente no pudo concretar.
Las 10 plantas procesadoras están subutilizadas a mas del 50% por la falta de materia prima que los proveedores no han querido abastecer por dos factores de incertidumbre: la desconfianza en cuanto a plazo real de pago y el aumento de precios base que hace mas relevante vender a otros procesadores de lácteos.
No nos sorprendamos que en unos días una buena parte de las 10 mil lecherías de Liconsa amanezcan sin capacidad de atender a su clientela y que por consejo del director de operaciones, Antonio Talamantes, se acuse desde Palacio que los responsables del desbasto son los conservadores neoliberales con algún tipo de sabotaje y que se requiere la intervención de la Guardia Nacional.
Fuente: La Razón
Autor: Mauricio Flores
