La propuesta genera preocupación por su impacto en lácteos básicos, costos y posible confusión en el consumidor.
La nueva propuesta de resolución sobre etiquetado frontal en Colombia reabre el debate este tipo de productos. Expertos advierten riesgos de confusión en el consumidor, posibles sobrecostos y un impacto directo en productos lácteos vitales de la canasta familiar.
La discusión sobre los nuevos sellos de advertencia en alimentos vuelve a tomar fuerza en Colombia. Esta vez, el foco está en la inclusión del término “ultraprocesado” dentro del proyecto de resolución que modificaría el etiquetado nutricional frontal.
Para distintos actores del sector, la medida podría traer efectos no previstos, especialmente en la industria láctea.
Desde la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA), se ha advertido que la iniciativa, aún en consulta pública, introduce un concepto que carece de consenso científico y podría derivar en decisiones regulatorias cuestionables.
Según el comunicado del gremio, la resolución plantea un sello adicional que “podría generar interpretaciones erróneas en los consumidores”.
Confusión en el concepto
El principal punto de preocupación gira en torno a la definición misma de ultraprocesado. Edna Liliana Peralta, presidenta de ACTA, explicó que existe una confusión de base entre procesamiento y formulación de alimentos.
“El concepto de ultraprocesado parte de una idea: que algunos alimentos procesados tienen un contenido nutricional no adecuado, pero son dos cosas diferentes, porque procesar un alimento es necesario para garantizar su inocuidad y disponibilidad”, señaló.
La experta advirtió que no existe una definición única a nivel internacional, lo que complica su aplicación en políticas públicas.
“Si no hay un consenso, pues ¿cómo establecemos una regulación clara? El consumidor termina confundido porque no sabe realmente qué es un alimento ultraprocesado”, aseguró.
El documento de ACTA respalda esta preocupación al indicar que la categoría agrupa alimentos muy distintos entre sí y no permite identificar con precisión cuáles representan un mayor riesgo nutricional. Esto, en la práctica, puede generar temor innecesario y decisiones poco informadas.
Impacto en los lácteos
Uno de los sectores más sensibles a esta medida es el lácteo. Productos como la leche ultrapasteurizada, yogures o quesos podrían recibir el sello de ultraprocesados debido al uso de ciertos aditivos permitidos.
Peralta explicó que la resolución introduce conceptos como “aditivos cosméticos” o “ingredientes ultraprocesados”, que no tienen respaldo en normas internacionales como el Códex Alimentarius. “Están incluyendo dentro de esa categoría a estabilizantes y emulsificantes, que son necesarios en procesos como la leche ultrapasteurizada”, indicó.
La consecuencia sería directa en la percepción del consumidor. “Imagínate encontrar que la leche que consumes todos los días, fundamental para el crecimiento infantil, tenga un sello de ultraprocesamiento; eso genera miedo inmediato”, dijo.
Además, eliminar estos componentes para evitar el sello no es una solución sencilla. En productos como el queso crema, por ejemplo, los estabilizantes evitan la separación de fases y el crecimiento de microorganismos. Su ausencia reduciría la vida útil y aumentaría el desperdicio de alimentos, afectando la seguridad alimentaria y la eficiencia del sistema productivo.
Costos y efectos en cadena
Más allá de la percepción, el impacto económico también preocupa. La inclusión de nuevos sellos implicaría cambios obligatorios en etiquetas, reformulaciones y ajustes en procesos productivos.
“Venimos de varias resoluciones desde 2021 que han obligado a cambiar etiquetas constantemente, y cada cambio tiene un costo alto para los productores”, afirmó Peralta. A esto se suma el corto tiempo de implementación propuesto en la resolución, que podría generar pérdidas por empaques ya producidos.
Otro punto crítico es la posible relación con el impuesto saludable. Según ACTA, si más productos entran en la categoría de ultraprocesados, podrían quedar sujetos a un gravamen del 20 %, lo que encarecería alimentos de consumo diario. Esto impactaría directamente el bolsillo de los hogares, especialmente los de menores ingresos, generando un efecto contrario al objetivo de mejorar la alimentación.
En este contexto, el llamado del gremio es a construir la norma con base en evidencia científica y con participación de todos los actores. “Necesitamos sentarnos a trabajar con el Gobierno, la academia y la industria para construir una regulación que realmente informe al consumidor sin afectar toda la cadena productiva”, concluyó la dirigente.
El debate sigue abierto y el sector lácteo observa con cautela una decisión que podría redefinir su relación con el consumidor en los próximos años.
Fuente: Contexto Ganadero
