Liconsa, la empresa dedicada a vender leche a bajo costo a los más pobres, pagó 811.9 millones de pesos de recursos públicos a 13 empresas sin que estas cumplieran con la entrega del alimento, y pese a que su giro no estaba relacionado con la producción y comercialización de productos lácteos. Además, en la mayoría de las veces, subcontrataron a otras compañías.
Este caso forma parte de las más de 20 investigaciones por presunto desvío de recursos, lavado de dinero y corrupción ocurridos en Segalmex y sus compañías operativas, Liconsa y Diconsa, entre 2019 y 2020. Estos casos fueron denunciados penalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Fuentes ministeriales confirmaron a Animal Político que por órdenes del fiscal Alejandro Gertz Manero se está verificando el posible vínculo de estas contrataciones irregulares en Liconsa con otros casos de corrupción, toda vez que se podría tratar de hechos relacionados y no de casos aislados.
Los convenios y contratos bajo investigación fueron asignados de manera directa y firmados por René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, y quien es investigado también por la colocación irregular de certificados bursátiles con recursos públicos de ambas instituciones.
Aunque varios proveedores declararon a los auditores que suspendieron el cumplimiento de los contratos por falta de pago de parte de Liconsa, la ASF detectó que la paraestatal les hizo depósitos millonarios sin justificación, es decir, sin que las empresas ni la institución comprobaran la entrega de los bienes adquiridos.
Las investigaciones de la FGR alcanzan a los propios proveedores de Liconsa y a las compañías subcontratadas, pues hay indicios de que se coludieron para derivarse o intercambiarse los beneficios de los convenios y contratos en distintas adjudicaciones.
Aseguran negocio plurianual
En una auditoría de gestión financiera de Liconsa en la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó que la paraestatal benefició con convenios de colaboración plurianuales para la producción de leche y derivados lácteos a las razones sociales Grupo Vicente Suárez 73, SA de CV; Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna, SA de CV (Coprolac); Agua Embotellada Monterrey, SA de CV; Distribuidora Mexicana Agronómica, SA de CV, y Pasteurizadora Maulec, SAPI de CV.
Puesto que se trató de convenios de colaboración, y no de contratos, Gavira Segestre —quien fungió como director de Administración y apoderado legal de la paraestatal— evadió procesos de licitación; además, indebidamente, en los convenios se prevé la subcontratación de terceros por parte de las razones sociales adjudicadas, irregularidades que violan la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La ASF encontró siete convenios de colaboración suscritos con dichas compañías entre junio de 2019 y mayo de 2020, vigentes entre tres y cinco años. La Auditoría obtuvo información bancaria que comprueba que, al amparo de dichos instrumentos, se pagaron 293.4 millones de pesos sin justificación a dichas razones sociales.
Una de las principales irregularidades fue hallada en los dos convenios entregados a Grupo Vicente Suárez 73 por un periodo de cinco años para la fabricación de productos y derivados lácteos y por los que en 2020 Liconsa pagó 140.7 millones de pesos.
Esta empresa pertenece a Alejandro Puente Córdoba, empresario de las telecomunicaciones que en el sexenio de Felipe Calderón estuvo involucrado en escándalos de corrupción, de acuerdo con una investigación de MCCI.
Grupo Vicente Suárez 73 suscribió los convenios en diciembre de 2019 y, un mes después, en enero de 2020, modificó el objeto de la sociedad para incluir la producción, maquila, distribución y comercialización de productos lácteos y sus derivados, incluyendo leche en todas sus formas. Es decir, la razón social modificó el giro de su negocio para justificar la recepción de los convenios.
Además, Grupo Vicente Suárez 73 subcontrató el 100% de los servicios con la empresa Productos Loneg, SA de CV, ubicada en Gómez Palacio, Durango, para realizar el secado de la leche a fin de producir leche en polvo.
Fuente: Animal Político
Autor: Nayeli Roldán y Zedryk Raziel
