Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) cuenta con dos plantas, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Enfrenta una crisis severa, impulsa suspensiones rotativas y paga salarios parciales.
Otra empresa láctea está en crisis, con serios riesgos para su continuidad operativa y el mantenimiento de sus fuentes de trabajo. Se trata de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), que emplea unos 500 trabajadores en sus dos plantas productivas, en las provincias de Buenos Aires (Arenaza, partido de Lincoln) y Córdoba (ruta 188, camino a Monte Cristo).
Desde octubre de 2023, la compañía presenta dificultades financieras, afectando la producción de yogures, postres y flanes, está en concurso de acreedores desde diciembre y, en medio de las dificultades que afecta a toda la agroindustria láctea argentina, busca negociar con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).
La tensión escaló en las últimas semanas, porque el sindicato ha rechazado la propuesta empresarial de procedimiento preventivo de crisis, que implicaría turnos rotativos de trabajo y reducciones de salarios, con pagos de salarios semanales del 15% que en el transcurso del mes sumarían un 60% del sueldo.
En ese sentido, esta semana el ministerio de Trabajo bonaerense certificó en la planta de Arenaza que los trabajadores hasta ahora cobraron la primera cuota mensual, de 15%.
En ese contexto, el gremio ha impulsado medidas de fuerza y de protesta, con foco en el pedido de que se paguen los salarios adeudados.
Durante la semana, el cuerpo de delegados y miembros de la comisión interna convocaron a un acampe frente a la planta de ARSA.
Desde la empresa buscaron garantizar que los trabajadores que no adhireron al paro pudieran ingresar y cumplir con sus tareas. Hubo empleados que quisieron ingresar para realizar la medida de fuerza, con quite de colaboración, dentro de las instalaciones, pero sólo se permitió el ingreso de los que se comprometieron a cumplir con sus tareas específicas. Advirtieron que no admitirán situaciones de violencia, intimidación y/o amedrentamiento y que lo denunciarán.
En ese sentido, el sindicato que representa a los trabajadores lácteos, se declaró en conflicto. ATILRA emitió un comunicado denunciando que “la empresa busca debilitar el reclamo legítimo de los trabajadores al ofrecer premios con porcentajes miserables a quienes asistan a trabajar, calificando estas acciones como provocaciones”.
Y en Lincoln, la localidad bonaerense más cercana a la planta de Arenaza, se realizó una marcha de reclamo, este sábado, con foco en el pago de salarios y la búsqueda de soluciones para el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
En este contexto, Héctor Ponce, secretario general del sindicato, afirmó que los 218 trabajadores de la planta de Arenaza, en Buenos Aires, al igual que sus colegas en Córdoba, “viven en la incertidumbre ante la falta de pago de sus salarios y las amenazas de suspensión”.
“Las noticias no son alentadoras”, dijo un trabajador y concejal de La Libertad Avanza
Por otro parte, en declaraciones a la señal de TV Somos Lincoln, Luis Castillo, empleado de la fábrica láctea de Arenaza y concejal de La Libertad Avanza (LLA), expresó la creciente preocupación de las 218 familias afectadas por la crisis económica y financiera que atraviesa la empresa.
Castillo informó que “los delegados de los trabajadores se reunieron con representantes de ARSA y las noticias no son alentadoras, se mencionó la posibilidad de una reestructuración que podría incluir despidos y licencias sin goce de sueldo”. “La situación no está fácil, es muy difícil y nos pegaría a todos los empleados”, comentó Castillo.
Por último, Castillo indicó que existe la posibilidad de unificar las dos fábricas, la de Buenos Aires y la de Córdoba, debido a que ambas tienen líneas de producción muy similares.
“Cuando en Córdoba tienen excedente de pedidos, lo hacemos nosotros con nuestras líneas de producción, pero actualmente ambas fábricas están en la misma situación de baja producción. Lo que nosotros queremos es producir”, enfatizó.
A nivel político, Castillo destacó la necesidad de visibilizar la situación que vive la planta San Andrés, informando que “enviamos un informe de la situación al Ministerio de Economía en busca de ayuda para enfrentar esta crisis”.
Fuente: https://tn.com.ar/
