Por Elida Thiery (Bichos de campo) – Hay que ir a marzo de 2019 para iniciar el recorrido empresarial de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), desde que la firma se hizo cargo de la fabricación de postres, yogures y flanes con la marca SanCor. Se podría decir que desde el comienzo nunca estuvo bien encarado el negocio y que las medidas de fuerza y los incumplimientos de responsabilidades con los trabajadores han sido una constante.
ARSA siempre estuvo regida por el fondo de inversión BAF Capital, que la liga al grupo Vicentín y todos su problemas, por lo tanto los conflictos económicos siempre estuvieron por encima de la gestión en la producción de alimentos.
Con gerentes díscolos, con la intervención de fondos venezolanos en la gestión, con intentos de “devolver” el negocio a SanCor CUL cuando ya no se podían reconducir las acciones, se generó un cúmulo de conflictos que son los que hoy generan una constante en la retención laboral, ante salarios del mes de mayo sólo abonados al 15 por ciento.
Fue la protección política anterior la que fue envolviendo a los más de 500 trabajadores en una situación que hoy parece irrecuperable y a la que despierta la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina de forma tardía para poder revertirla.
Ya hubo en estos años discontinuidad repentina en contratos de trabajo temporarios, hostigamiento al personal, recortes en plazos de vacaciones, demoras en pagos de salarios y aguinaldos, hechos que hoy se agudizan y complican la realidad de quienes esperan sus sustento.
Con plantas en Arenaza, provincia de Buenos Aires y en la cercanía de la ciudad de Córdoba, la firma que viene teniendo un deterioro comprobable en la calidad de sus productos, en la presencia en góndolas y heladeras, lo cual motiva el descenso en la demanda, sumado ahora a un contexto de contracción general económica en el consumo, la situación no tiene una previsión optimista.
A través de un comunicado, durante el fin de semana Atilra explicó que por el pagó del 15 por ciento del último salario se denunció esto ante “la Autoridad Administrativa del Trabajo de la provincia de Córdoba con fecha 7/06/2024, mediante expediente 0380- 413685/2024”.
Sin presencia de la dirigencia empresarial, que habría recuperado a su gerente original cuando se adquiriera la empresa, tampoco los abogados representantes extendieron propuesta alguna de pago, aunque solicitaron la elevación del caso al ámbito del Gobierno Nacional.
Con medidas de fuerza que están vigentes desde la semana anterior, ante la falta de sustento económico, los trabajadores y el gremio siguen alertas a las alternativas que se puedan presentar en esta semana corta.
“La normativa aplicable dispone que si ARSA quiere modificar las condiciones de trabajo del personal (modificaciones en la jornada y salario) debe iniciar el procedimiento preventivo de crisis que está previsto en la ley vigente y lleva un trámite ante la autoridad competente”, india el texto difundido por la Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados sindicales.
Lo que suman es que ARSA “decide tomar un camino antidemocrático, antisindical e ilegítimo, tal vez, con alguna afectación de derechos con implicación del ámbito penal sobre el cual exponemos dichas conductas ante las autoridades judiciales para la pertinente investigación”. Indican que “los Directivos de ARSA que omiten deliberadamente conducirse por las herramientas normativas dispuesta para resolver este conflicto, están tomando contacto con algunos trabajadores e intimidando y hostigando a que ingresen a trabajar con la promesa de un supuesto pago”.
Lo que sostienen es que se intenta a través de estrategias de hostigamiendo “quebrantar la decisión colectiva y legítima de todos los trabajadores que han unido sus esfuerzos y vocación solidaria, provocar una división aprovechando el estado de necesidad de los trabajadores y llevando el estado de cosas a una ruptura de la paz social”.
Es así que Atilra intenta que se generen negociaciones individuales a través de ofertas puntuales. Lo que también entra en juego es el señalamiento de un bloqueo por parte del gremio y los trabajadores, método habitual de protesta que intenta evitar la empresa para poder seguir produciendo con el personal activo y así no seguir profundizando su crisis.
Lo que pide Atirla es “el inmediato cese de tales conductas intimidatorias e ilegales hacia los trabajadores en modo directo y personal que tiene el único propósito de bloquear ilegalmente la decisión que han adoptado en Asamblea legítima de trabajadores que se encuentra amparada en las normas del Código Civil, normas laborales y Constitución Nacional”, concluyen en el comunicado.
El deterioro de ARSA tiene relación con una administración deficiente, con un deterioro de productos y demanda, con alta proporción de fuerza laboral frente a los litros procesados, al sostenimiento de la gestión por fuerza de políticas recientes y por los intereses cruzados entre empresas que se terminaron vinculando en los últimos años como La Suipachense, Molinos Cañuelas.
Se sumaron con gran injerencia aquellos fondos que de la mano de los hermanos venezolanos Carlos y Alfredo Fernández de Grupo Lácteos Cono Sur SA, no pudieron levantar las operaciones y hoy ya no están en el mapa, mientras los trabajadores esperan y el gremio intenta recuperar tiempo de aquellos años concedidos para que este final llegue como inevitable.
Fuente: https://elidaporelcampo.blogspot.com/
