El escenario normativo que rige el rotulado, la publicidad y la comercialización de alimentos envasados en la Argentina ingresa en una etapa de profunda revisión legislativa. El Poder Ejecutivo Nacional envió formalmente al Congreso de la Nación un proyecto de ley que dispone la derogación total de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, popularmente conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, que ingresó a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, del Ministro de Salud, Mario Lugones, y del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. De prosperar en el recinto, la medida significará el retiro definitivo de los icónicos octógonos negros de advertencia nutricional de las góndolas locales.
Los fundamentos del texto oficial señalan que la experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la norma, implementada de forma progresiva a partir de 2022, ha permitido identificar severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”. Desde la óptica de la administración nacional, el esquema vigente ha generado una distorsión en la competitividad de las empresas —con especial énfasis en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)— e introduce duplicidades regulatorias que colisionan con los acuerdos comerciales y sanitarios previamente firmados por el país en el plano internacional.
Los cuestionamientos técnicos: El foco en la matriz y el modelo Mercosur
El argumento central del Gobierno para desarticular el andamiaje de los octógonos radica en una fuerte crítica a la metodología de cálculo utilizada por la ley, la cual toma como base el Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS):
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Rigidez de las Matrices Alimentarias: El proyecto de derogación cuestiona que la norma actual aplica parámetros generales de manera homogénea sobre matrices alimentarias sustancialmente diferentes. Según el Ejecutivo, el sistema de la OPS no contempla adecuadamente variables críticas como la densidad nutricional real del producto, el grado de procesamiento industrial, las porciones efectivamente consumidas por el usuario o el rol específico que ocupa el alimento dentro del patrón de consumo global.
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Inconsistencias por Porcentajes: La crítica oficial apunta a que el cálculo de los excesos se basa en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total del producto. Sostienen que este diseño produce “resultados técnicamente inconsistentes o desproporcionados respecto del perfil nutricional global”, penalizando por igual a alimentos con alta densidad de nutrientes esenciales.
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Superposición con el Mercosur: El texto oficial recuerda que el ordenamiento jurídico alimentario argentino ya cuenta con un sistema obligatorio de información nutricional armonizado y consolidado en el ámbito del Mercosur, plasmado en el Código Alimentario Argentino (CAA). La coexistencia de ambos sistemas gráficos, concluye el Gobierno, genera una superposición regulatoria innecesaria que encarece la fiscalización estatal.
El impacto en la estructura de costos corporativos: Uno de los pilares del proyecto es la defensa de la competitividad de las PyMEs lácteas y de la alimentación en general. El Ejecutivo argumenta que los costos fijos asociados al constante rediseño de envases, la adecuación de líneas de llenado, la compleja administración de stocks de empaques y la evaluación técnica continua de nutrientes críticos generan barreras económicas que las empresas de menor escala financiera no pueden absorber, incentivando una concentración del mercado en favor de los grandes operadores multinacionales.
Fuente: mdz
